Patronal y sindicatos firmaron este jueves la subida del salario mínimo hasta 950 euros. Una firma escenificada con cuidada por el Gobierno, consciente de la importancia del momento, en el arranque de la legislatura. Y que ha contado también con la voz de los empresarios, que no han dejado escapar la ocasión para lanzar algunas advertencias. CEOE no tolerará subidas excesivas del salario mínimo el próximo año. Y tampoco un desmontaje completo de la reforma laboral. En caso contrario, el pacto sobre convenios corre peligro, advirtió su presidente Antonio Garamendi.
El acuerdo ha sido firmado esta mañana en el Palacio de la Moncloa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los líderes sindicales y empresariales. Fija un mínimo de 950 euros al mes en catorce pagas. O sea, 31,66 euros al día. Que se elevan hasta los 44,99 euros en el caso de los temporales que trabajen menos de 120 días para la misma empresa.
Nada ha escapado a la puesta en escena de este primer acuerdo, llegada en los primeros compases del Gobierno coalición socialista y de Podemos. Los agentes sociales, tras el presidente han ido firmando uno a uno el documento que instaura el salario mínimo de 950 euros, a partir del 1 de enero, bajo la atenta mirada por un lado de la ministra Yolanda Díaz y del vicepresidente social y líder de la formación ‘morada’ Pablo Iglesias, y por otro de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, asumido su papel de guardiana de la ortodoxia frente a Bruselas.
Sin embargo, la subida del salario mínimo, que se aplicará de forma retroactiva a partir del 1 de enero, deja algunos asuntos en el aire. El principal es la senda de nuevas subidas, ansiadas por los sindicatos, y recogida en el acuerdo programático firmado por PSOE y Podemos para llegar al Gobierno.
Una polémica donde se han cruzado los agricultores, que hoy chocaron con la policía en demanda de mejores precios. Y que atienden uno de los sectores donde la subida del 27% del salario mínimo en dos años, se supone que afecta más, según algunas voces. Incluso algunos socialistas, como el presidente extremeño Fernández Vara, se han mostrado alarmados por los efectos de la subida. “Si el Gobierno y los sindicatos piensan que no impacta, que se abra una mesa del campo y se hable con los agricultores”, ha dicho esta mañana Garamendi en Radio Nacional.
El presidente de los empresarios, que ha debido lidiar con presiones internas en la patronal antes de firmar este acuerdo, ha fijado, sin embargo, algunos límites para la siguiente negociación. Mañana se abre una mesa que discutirá los cambios en la normativa laboral. Pero el presidente ha dicho que si estos cambios no le satisfacen, supondrán un obstáculo insalvable para que se renueve el gran acuerdo de convenios, el llamado AENC.
Este acuerdo – que ha brindado buenos resultados en la contención salarial en la segunda parte de la crisis, y que está permitiendo en la recuperación retomar poder adquisitivo a las rentas del trabajo, debe renovarse este año. Pero Garamendi ha advertido hoy que esta renovación no será posible si la derogación de la reforma laboral es “excesiva”, o si se eleva en demasía el salario mínimo para el próximo año.
Dos líneas rojas lanzadas por el empresario desde el mismísimo Palacio de la Moncloa, que se completaban además con una tercera, relativa a la normativa sobre subcontratación, pronunciada horas antes en la radio por Garamendi.
El Gobierno prevé también reformar el Estatuto de los Trabajadores, para legislar sobre las nuevas formas de contratación ligadas a la economía digital, y adaptar la norma laboral básica a la honda transformación en el mundo del trabajo en las últimas décadas ligada en gran parte a la digitalización.
Sin embargo, los sindicatos son categóricos y exigen, antes de abordar la redacción del nuevo Estatuto, echar abajo los aspectos “más lesivos” de la reforma laboral de Rajoy, aprobada en 2012 pocas semanas después de la llegada del ‘popular’ a la Moncloa.
Primera reunión para derogar la reforma
A partir de mañana, empresarios y sindicalistas, bajo la batuta de Joaquín Pérez Rey – ‘número dos’ de Yolanda Díaz al frente de Trabajo – abordarán en una primera reunión la remodelación de la normativa laboral modificada por Rajoy.
Según la ministra se pretende atacar en primer lugar elementos como la subcontratación y sobre todo algunas normas que rigen el juego entre patronos y sindicatos, como la prioridad de los convenios colectivos – subvertida por la reforma de 2012 –, cuánto tiempo quedan con vida una vez se alcanza su fecha de caducidad, o el despido por reiteración de bajas, aun justificadas.
Habrá que ver adonde llega la negociación. Y si los empresarios se avienen a firmar asuntos que contravienen sus intereses, muy favorecidos por la reforma laboral de Rajoy. Especialmente en asuntos como el despido, incluido también en el acuerdo que firmaron socialistas y Podemos para firmar la coalición de Gobierno; acuerdo que albergaba también cambios técnicos, pero fundamentales, como limitar la capacidad para modificar sustancialmente las condiciones de trabajo pactadas, muy favorecidas a los empresarios por Rajoy, y las normas que permiten escapar del convenio colectivo – las inaplicaciones – y pagar por ejemplo menores salarios
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